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sábado, 22 de septiembre de 2018

Noticias ANABAD

Las acciones contra el patrimonio documental no pueden salir gratis ni baratas.

 La sra. Alcaldesa de San Fernando de Henares (Podemos), parece ser que ha sido o va a ser imputada por el supuesto hecho de haber entregado documentación municipal relativa al llamado Caso de la Plaza de España de esa localidad madrileña a alguien a quien en el propio Auto Judicial se define como “amigo personal de la Alcaldesa”; un voluntario colaborador de la Alcaldía que carecía quizá de la debida acreditación para custodiar esos documentos de alta importancia para el esclarecimiento de unos hechos de la gestión municipal anterior.

 

Los documentos de un Ayuntamiento sirven  para dar testimonio de los hechos y para la defensa de los derechos y los intereses de las personas, físicas y jurídicas. Los deben manejar las oficinas productoras intervinientes en el proceso y el Archivo Municipal.

 

Siendo documentación electrónica, en la definición de los metadatos quedará establecido quienes más tendrán acceso a esos documentos.

 

Siendo documentación en soporte convencional, papel, los originales deben permanecer en el Archivos, debidamente custodiados por el personal técnico responsable del mismo, quien podrá facilitar copia a quien se persone ante la autoridad municipal con suficiente acreditación para ello.

 

La presencia de personal archivero, con suficiente cualificación y calificación, e investido de la autoridad que su rango funcionarial le deba  conferir, será siempre una garantía  frente a las desafortunadas intervenciones de otros responsables.

 

Volvemos a reclamar para los Ayuntamiento unos Archivos dotados de instalaciones dignas y suficientes, de personal funcionario cualificado e independiente y de reglamentación adecuada y garantista.

 

Otro asunto judicial de actualidad e importancia, y de sumo interés, es el que tiene que ver con la titulación de algunos líderes políticos del Partido Popular de Madrid, vinculados a una Universidad también de la región madrileña.

 

No siendo el momento de entrar en las cuestiones éticas y morales que el caso nos suscita, no siendo el lugar de entrar en las cuestiones judiciales que lo han provocado, no podemos dejar de llamar la atención y preguntarnos ¿qué ocurre con los Archivos en alguna Universidad madrileña?, ¿porqué hay tanta dificultad en encontrar ciertosdocumentos en algunos Archivos? ¿estos Archivos están suficientemente dotados de personal cualificado, locales, y medios necesarios de todo tipo?

 

A parte de las acciones judiciales, las autoridades competentes en la materia deben intervenir con contundencia. Hasta ahora no lo han hecho.

 

Si estas premisas no se dan, no podremos hablar nunca de administración moderna.

 

 

 

José María Nogales Herrera

Presidente Federación ANABAD

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